Reseña

La elaboración de la tercera edición de la obra Constituciones Políticas de la República de Chile. 1810 – 2024, continúa con la metodología de trabajo que ha caracterizado las ediciones precedentes. En dicho sentido, cabe advertir como parte de la decisión editorial adoptada por las instituciones participantes en la obra, se mantuvieron los contenidos de la obra del año 2015, con ajustes y correcciones menores de diagramación y presentación.

Luego, a partir de un trabajo de revisión de fuentes primarias y secundarias, se recopilaron y sistematizaron antecedentes históricos, políticos y jurídicos destinados a complementar la obra, organizados a partir de un criterio diacrónico. Así, previo análisis de la respectiva fuente se ha realizado la edición y diagramación del documento, para su inserción en el texto de la obra. Tanto la recopilación de los antecedentes históricos, el examen de los documentos normativos, así como la actualización de la Constitución de 1980 y la reemisión a las reformas constitucionales, fueron sometidas a un minucioso y exhaustivo análisis y revisión por parte de la Dirección de Estudios del Excmo. Tribunal Constitucional, la Biblioteca del Congreso Nacional y Diario Oficial de la República de Chile, entidad dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Los textos insertados en esta edición conservan la redacción y ortografía utilizada en los documentos originales, de la época en que fueron promulgados o publicados en el medio o fuente oficial.

Entre las innovaciones de esta obra, se han incorporado las leyes interpretativas de la Constitución de 1833 y de la Constitución de 1980, fuentes normativas excepcionales y de contenido acotado, pero cuya revisión permite constatar la evolución constitucional en aspectos relevantes como el derecho de sufragio, la libertad de culto o el derecho de propiedad. Asimismo, se han sumado documentos históricos que complementan la recopilación elaborada en el año 2015, en particular, la “Proclama de Quirino Lemachez” de Camilo Henríquez que circuló en el año 1811, los “decretos” de 1825 que declararon “[…] insubsistente en todas sus partes la Constitución dada por el Congreso Constituyente el año de 1823” y que dictaban mantener vigente “[…] el orden actualmente existente” procurando mantener la continuidad institucional y jurídica como expresión al horror vacui de las décadas de formación de la República y el decreto ley N°1.167, de 1975 que modificó la Constitución de 1925, incorporando un nuevo artículo transitorio consolidando la nacionalización de la gran minería del cobre.

A lo anterior, se suma una versión actualizada a septiembre de 2024 del Decreto Supremo N°100, de 2005, que contiene el texto refundido, coordinado, sistematizado de la Constitución Política de la República. Si bien no se trata de una versión oficial, tal como se advierte en el interior de la obra, se ofrece un texto cuyo aparato crítico hace referencia a todas las leyes de reforma constitucional.