Reseña

El monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, a
través de sus funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley, pone en jaque la afectación de derechos de las personas.
Aparece un conflicto entre seguridad y afectación de derechos
que se ha de resolver y que demanda revisar el límite del uso
de la fuerza por funcionarios estatales.
La delimitación entre el ejercicio legítimo e ilegítimo de
la fuerza se hará especialmente desde casos, con criterios
sustantivos y prácticos. El examen comienza con un marco
jurídico internacional, para seguir con el nacional y el rol de
la judicatura. Los problemas de límites y fundamentos serán
el centro de atención. En este contexto se revisan las normas
especiales aplicables, como los diversos protocolos y pautas
de actuación, al igual que disposiciones generales del Código
Penal posiblemente aplicadas.
La revisión se ocupará tanto del uso adecuado y de las
posibles defensas (cumplimiento del deber o ejercicio
legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo; legítima
defensa; estado de necesidad), como de la responsabilidad
específicamente penal. Sin perjuicio de los apremios
ilegítimos y de las torturas, objeto de otro módulo, serán
especialmente relevantes los delitos de lesiones, detenciones
ilegales; allanamientos irregulares. Se propone la revisión del
uso excesivo de la fuerza dentro de un sistema de delitos de
violencia institucional.