Reseña

La inteligencia artificial puede definirse como una disciplina tecnológica cuyo objetivo es crear procesos de la mente a través del uso de la computación. Esta búsqueda por simular las capacidades cognitivas humanas ha llevado a desarrollar algoritmos y sistemas capaces de realizar tareas complejas, como el aprendizaje, el razonamiento lógico, la resolución de problemas y la toma de decisiones.
Comúnmente, suele atribuirse a Alan Turing los primeros atisbos de este tipo de inteligencia. Así, “Computing Machinery and Intelligence” se convertiría en el impulsor de la utilización de la informática en nuevas formas de procesamiento similar al cerebro humano. Su famosa prueba, hoy conocida como el Test de Turing, propuso una forma de evaluar la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del de un ser humano, sentando las bases del debate ético y filosófico que persiste hasta nuestros días.
Lo interesante de la inteligencia artificial es que es capaz de unir la computación, con las ciencias cognitivas, con la matemática, con la biología y la filosofía. Se trata de una convergencia transdisciplinaria que permite abordar problemáticas complejas desde múltiples ángulos. Este enfoque permite el desarrollo de sistemas capaces de interpretar el lenguaje natural, reconocer patrones visuales, o incluso generar arte, pero también implica una interacción constante con lo social. De esta manera, la IA no solo genera herramientas de apoyo técnico, sino que interviene en la vida cotidiana, incidiendo en las decisiones humanas y en las estructuras sociales que las rodean.
Esto implica que se vale de un enfoque multidisciplinario para dar paso a una nueva forma de crear una realidad, que se mezcla, inevitablemente, con la interacción social. En este contexto, comienzan a emerger retos urgentes en el ámbito jurídico, especialmente cuando el uso de IA se masifica y se expande a sectores como la salud, la educación, la seguridad o la justicia penal. Al procesar una gran cantidad de datos, es posible que se vea vulnerada la privacidad de las personas, su derecho al olvido en la web, o se ejecute un acto sin el consentimiento informado correspondiente. Todo ello abre interrogantes legales de gran envergadura: ¿quién es el responsable legal ante una decisión tomada por una IA? ¿El programador que la diseñó, la empresa que la implementó o el usuario que la activó?
Por otro lado, también cabe preguntarse si ¿la justicia podría recaer en la IA? De ser el caso, ¿sería capaz de tomar buenas decisiones? En efecto, la toma de decisiones judiciales por este medio podría reducir errores, sesgos cognitivos y la subjetividad propia del razonamiento humano. La posibilidad de contar con sistemas que analicen jurisprudencia, elaboren dictámenes o realicen análisis predictivos ha generado entusiasmo en algunos sectores del derecho.
Sin embargo, esto plantea aspectos éticos fundamentales que deben garantizar un uso responsable y justo, apegado al principio de beneficencia y al respeto irrestricto de los derechos humanos. Si bien la IA tiene la capacidad de aprender y generalizar patrones, no posee empatía, ni conciencia moral, lo que puede tornarse problemático al momento de evaluar casos en los que la dimensión humana es insustituible.
Profundizando, el utilizar esta herramienta plantea nuevos desafíos que implican la capacidad de desarrollar marcos regulatorios actualizados, capaces de resguardar los derechos fundamentales de las personas, asegurar la transparencia de los procesos algorítmicos, y mantener el control humano significativo sobre las decisiones automatizadas. En un mundo donde el desarrollo tecnológico avanza más rápido que la legislación, la pregunta ya no es si debemos regular la IA, sino cómo hacerlo de forma ética, inclusiva y eficaz.