Reseña

El artículo analiza la crisis ecológica como una amenaza sistémica derivada de un modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de los bienes comunes naturales. En Chile, esta crisis se ve agravada por una arquitectura jurídica que, lejos de prevenir el daño, ha permitido la expansión del extractivismo bajo el argumento del crecimiento económico. A pesar de que el país ha dado un paso importante con la Ley 21.595 al incorporar delitos ambientales al Código Penal, persisten graves limitaciones institucionales en materia de fiscalización, prevención y reparación. La protección ambiental sigue supeditada a mecanismos
legales que priorizan la inversión y la agilización de proyectos sobre los derechos de las comunidades y los ecosistemas. Frente a ello, el artículo plantea la necesidad de avanzar hacia una justicia ecológica real, en la que la Naturaleza sea reconocida como sujeto de derechos y se penalicen las graves agresiones ambientales. En este proceso, el rol de los pueblos originarios es clave: su vínculo espiritual, político y territorial con el entorno constituye una alternativa civilizatoria frente al paradigma extractivista. Instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo de Escazú refuerzan el deber del Estado de proteger sus territorios y garantizar su participación vinculante. A escala global, el artículo recorre el desarrollo del concepto de ecocidio, desde su origen durante la guerra de Vietnam hasta la definición legal propuesta por el Panel de Expertos de Stop Ecocidio (2021). A partir de ese desarrollo, subraya la importancia de reconocer el ecocidio como el quinto crimen de competencia de la Corte Penal Internacional; Chile, como Estado parte del Estatuto de Roma, debiera impulsar dicha incorporación. Ello dotaría de un estándar penal vinculante que complemente los avances internos —en particular,
la Ley 21.595 sobre delitos económicos y atentados contra el medio ambiente— y refuerce la tutela efectiva de la Naturaleza. Esta propuesta dialoga con los desarrollos recientes del sistema interamericano y universal: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado el derecho a la Naturaleza y la protección de las y los defensores de ella, mientras que las discusiones ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha precisado obligaciones estatales frente a daños climáticos atribuibles, especialmente en países de alto impacto industrial. En suma, se impulsa una transformación del derecho internacional que articula justicia penal, derechos humanos y protección de la vida en el planeta.
Palabras clave: Ecocidio; derecho ambiental; derechos humanos; conflictos socioambientales; cambio climático.