Reseña

Introducción
Con la intensificación de las medidas globales que buscan frenar el cambio climático, se ha dado inicio a una transición energética a nivel mundial. Esta transición se encamina, en parte, a abandonar el uso de combustibles fósiles para la generación de energía,

reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente carbono. En el contexto de la discusión internacional, se acuña el concepto de transición justa para, en principio, abordar la dimensión sociolaboral de la transición energética, apuntando a los efectos indeseables que la transformación tecnológica, económica y social de la transición puede producir en los empleos.

La adopción oficial de este concepto en la agenda climática global se dio en el preámbulo del Acuerdo de París, en la COP21 del año 2015. En este se señala que, en consideración de los efectos que las medidas adoptadas para hacer frente al cambio climático pueden producir en los países miembros, se debe considerar una reconversión justa de la fuerza laboral, la creación de trabajos decentes y empleos de calidad, acorde a las prioridades de desarrollo de cada uno de los países.

Sin embargo, en el contexto latinoamericano, distintos actores y movimientos sociales han ampliado el debate sobre transición justa, exigiendo poner atención en aspectos de justicia social y climática. Una de las comprensiones más amplias de este concepto sostiene que la transición justa debe apuntar a la reestructuración de los sistemas sociales y económicos actuales desde sus bases, de manera que sea transformadora y holística.

En Chile, existen actualmente medidas, políticas y planes para avanzar en la descarbonización y transición energética, en los que se han incorporado dimensiones de transición justa. Dentro de ellas, se encuentran el Acuerdo de Retiro de Centrales Termoeléctricas a Carbón (en adelante el Acuerdo de Descarbonización) y las estrategias e iniciativas adoptadas para llevar a cabo este proceso. No obstante la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país, estas acciones se entrecruzan con las demandas de justicia social y ambiental que surgen de las zonas donde se produce la mayor cantidad de contaminación por la actividad de centrales termoeléctricas a carbón. Estas son las denominadas “Zonas de Sacrificio”, y orresponden a las comunas de Mejillones, Coronel, Quintero y Puchuncaví, Huasco y Tocopilla. Con este término hace referencia a “sectores geográficos de alta concentración industrial, en los que se ha priorizado el establecimiento de polos industriales, por sobre el bienestar de las personas y el ambiente”.

De esta manera, converge en el país la necesidad de descarbonizar
la matriz energética para reducir las emisiones de carbono, y combatir el cambio climático, con la necesidad de mejorar la calidad de
vida de las personas y el medio ambiente en estas zonas. Actualmente se busca abordar la problemática recién planteada a través de la Oficina de Transición Socioecológica Justa, la cual deberá elaborar una estrategia de transición socioecológica justa nacional y estrategias sectoriales, y que posee como una de sus líneas de acción el trabajo en las zonas de sacrificio, con la cual pretende armonizar el desarrollo económico de estas zonas, catalogadas en esta como “territorios vulnerables”, con el cuidado al medio ambiente y la salud de las personas.

Como se señaló anteriormente, Coronel es una de las ciudades catalogadas como zona de sacrificio, donde se busca llevar a cabo este proceso de transición socioecológica justa. En este lugar ya ocurrió el cierre de dos centrales termoeléctricas a carbón, quedando solo una más en pendiente de fijar su fecha de cierre.

Siendo este el contexto, la presente investigación tuvo por objeto
analizar el proceso de transición socioecológica justa que se desarrolla en Chile, a través de la mirada de actores clave. Mediante trabajo de campo y un cuestionario online se buscó indagar en la percepción que distintos actores de la comuna poseen sobre el proceso de transición socioecológica justa. Se examinó si, desde su punto de vista, este proceso incorpora dimensiones de justicia que permitan avanzar en la protección del ambiente y de las personas, cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades que de este surgen.