Reseña

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, Chile ha experimentado transformaciones sociales, económicas y urbanísticas profundas que han reconfigurado el paisaje de la seguridad pública tanto a nivel nacional como local. La creciente urbanización, acompañada por un incremento en la diversidad y complejidad de las estructuras sociales, ha intensificado los desafíos de seguridad que enfrentan tanto el gobierno central como los locales.
En un escenario donde Chile enfrenta dinámicas de urbanización acelerada y una evolución constante en los patrones delictuales, la seguridad municipal emerge como un campo crítico de estudio y acción y la sitúa en el centro de importantes debates políticos y sociales. En este sentido, es importante entender la diferencia entre seguridad pública y seguridad ciudadana para abordar efectivamente estos desafíos. Mientras la seguridad pública es una función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, la seguridad ciudadana remite de manera más integral a las necesidades de la población y las responsabilidades del Estado en materias de condiciones de seguridad y calidad para un adecuado desarrollo humano (Fundación Paz Ciudadana, 2016).
La Constitución Política de Chile establece en su artículo 118 que la administración local de cada comuna o agrupación de comunas designada por la ley reside en la municipalidad, compuesta por el alcalde y el concejo municipal. Actualmente, en Chile existen 346 comunas y 345 municipalidades, dado que Cabo de Hornos administra también a la Antártica Chilena (Dazarola, G., 2020). Estas municipalidades operan bajo el marco de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), Ley N° 18.695, que otorga a las municipalidades la capacidad de influir directamente en el bienestar de sus comunidades. Sin embargo, la implementación efectiva de políticas de seguridad que respondan adecuadamente a las complejidades y diversidades de las comunas chilenas sigue siendo un desafío importante.
Según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del año 2022, estudio que permite, entre otras cosas, conocer la percepción de inseguridad en la población, consigna que las personas que creen que la delincuencia aumentó en el país, llega al 90,6%.
Así también, los últimos datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), señala que entre los años 2021 y 2022, hubo un aumento considerable de los delitos de mayor connotación social , pasando de 335.017 casos policiales el año 2021 a 488.268 el año 2022, y a 515.312 casos el año 2023 (CEAD, 2024). Este aumento no solo deteriora la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también desafía la capacidad del sistema de seguridad pública para responder eficazmente a estas amenazas.