Reseña

La actividad minera privada genera ingresos económicos a nivel global, pero al mismo tiempo conlleva un agotamiento de los recursos naturales. Para abordar este problema muchos países han implementado impuestos mineros. Estos buscan retribuir al Estado por el agotamiento de estos recursos naturales y garantizar una distribución
justa de las ganancias entre las empresas privadas y la sociedad. Particularmente en Chile, esto es respaldado por la Constitución Política de la República en su artículo 19, la cual señala que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas del país. Con todo, el diseño de la tributación minera no
es un desafío sencillo, pues se debe establecer un tributo que, respetando lo anterior, no afecte sustantivamente la inversión privada.
Las últimas modificaciones legales a la tributación minera tienen un impacto en la actual regla fiscal de Balance Cíclicamente Ajustado (BCA), que estima los ingresos del Gobierno Central ajustándolos por el ciclo económico y luego establece un nivel de gasto público acorde a dichos ingresos. Para el cálculo del BCA, se estima un conjunto de ajustes cíclicos a los principales componentes de los ingresos efectivos, entre los cuales destacan los ingresos tributarios de la gran minería privada (GMP10), y por consecuencia, se calcula un Ajuste Cíclico al Impuesto
Específico a la Actividad Minera en función del precio de referencia del cobre.
Este documento describe los principales cambios y las modificaciones a la metodología de BCA por la aprobación de la Ley N°21.591, sobre royalty a la minería. Para ello, se presentan las principales características del impuesto específico a la actividad minera y del royalty minero, la caracterización de la minería privada, las modificaciones
al Decreto Metodológico del Balance Estructural, los efectos del nuevo impuesto en los ingresos efectivos y estructurales y, por último, se exponen las conclusiones.