Reseña

En esta nueva edición de Requisitos del Derecho de Alimentos el autor ha cubierto los mismos aspectos que la primera edición (corregidos, reordenados y actualizados conforme las modificaciones incorporadas por la Ley Nº 21.384 a la Ley Nº 14.908). Es decir, los distintos titulares de la prestación alimenticia y las consideraciones de cada caso en particular.
Por otro lado, dentro del estado de necesidad del alimentario se profundiza en su posición social, aspecto escasamente tratado por la doctrina nacional.
Cuando habla de la capacidad económica del alimentante distingue entre sus facultades económicas y sus circustancias domésticas buscando precisar cada una de ellas de un modo concreto.
Al tratar la ausencia de prohición -requisito aún no generalizado por la doctrina- busqué sintetizar la integridad de las causales que reconoce la normativa interna.
Si bien, salvo algunas excepciones, la mayoria de las cuestiones vistas constituyen aspectos ya cubiertos por los distintos estudios de los especialistas, en esta oportunidad se presentan en un orden distinto pero respetando las diversas posturas que existen al respecto buscando enriquecerlas con la práctica profesional, ya que muchos de los conocimientos adquiridos para la obra han permitido al autor reorientar sus estrategias de juicio, sobre todo en aspectos tan interesantes como los que dicen relación con la posición del cónyuge y de los abuelos frente a la obligación alimenticia.
Al igual que los trabajos que le preceden el texto fue enriquecido con la opinión especializada de notables autores de la doctrina nacional como por interesantes fallos de nuestros tribunales superiores de justicia. Lo anterior de cierto modo evidencia un aire práctico en la mayoría de las consideraciones que hace el autor, obteniendo así un trabajo verdaderamente provechoso para el lector.
Por lo dicho y otras consideraciones que son de lata exposición, es que verdaderamente creemos que el trabajo expuesto al interior de las páginas de la obra será de gran utilidad, tanto para la enseñanza del actual Derecho de Familia como para el ejercicio profesional de abogados, jueces y demás funcionarios del orden judicial.