Reseña

El cambio climático global es real y puede alcanzar niveles catastróficos, a menos que el comportamiento de los patrones de inversión, producción y consumo se modifiquen sustantivamente en los próximos años.
El business as usual simplemente no es suficiente para los desafíos actuales; se requiere hacer mucho más de lo realizado hasta ahora en las áreas de mitigación, adaptación y financiamiento climático para prevenir y tratar sus consecuencias (PNUD, 2020; PNUD & CMNUCC, 2019; WMO et al., 2019 y 2020). Aunque la contribución de Chile a las emisiones de CO2 eq mundial es relativamente baja (aproximadamente 0,25% de la emisión total), el país es altamente vulnerable a los efectos negativos del cambio climático, cumpliendo 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad señaladas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC) en esta materia; por tanto, deberá́ desarrollar esfuerzos importantes de mitigación, adaptación y gestión de riesgos frente a los escenarios de cambio previstos.

De acuerdo con el conocimiento científico existente, algunas de las consecuencias que se espera que el cambio climático ocasione en Chile son: (i) el aumento de las temperaturas de hasta 3°C hacia finales del siglo XXI; (ii) la disminución, irregularidad y desplazamiento latitudinal de las precipitaciones hacia el sur, hecho que podría llevar a una reducción de hasta un 30% de las precipitaciones, entre las regiones de Valparaíso a Los Lagos, y un aumento de estas en la región de Magallanes hacia fines de siglo (CEPAL, 2012); (iii) un aumento marcado de los eventos de sequía, que podrían ocurrir más de 10 veces en períodos de 30 años, principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XXI (OCDE & CEPAL, 2016); (iv) la pérdida de hielo continental antártico y de los glaciares de montaña del territorio continental, de los cuales el 87% de los hoy monitoreados presenta algún tipo de retroceso (González et al., 2019); (v) reducción de especies de flora, fauna y de ecosistemas de la zona mediterránea, donde el bosque espinoso mediterráneo interior podría llegar a una disminución del 71% de su superficie (Marquet et al., 2010); (vi), cambios en la altura promedio del mar y los regímenes de oleaje, con efectos importantes en el funcionamiento de los puertos nacionales (MMA, 2020); (vii) aumento de enfermedades transmitidas por roedores y garrapatas (hantavirus y rabia), como también de enfermedades vectoriales ausentes hoy en Chile (malaria y dengue en la zona norte, p.e.), y (viii) múltiples efectos sociales, productivos y económicos, a causa de las sequias, olas de calor, inundaciones, eventos aluvionales, afectación de la infraestructura y deterioro de los bienes y servicios ecosistémicos, entre otros.

Enfrentar eficazmente los enormes desafíos que el cambio climático y sus efectos deparan para el país requiere acción climática transversal y coordinada, en todos los niveles de gobierno y de gestión y en todas las escalas espaciales. El Acuerdo de París es explícito sobre esta materia, estableciendo no solo metas ambiciosas en relación con la reducción de GEI (gases de efecto invernadero), sino también, incorporando como un objetivo mundial el aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Esto con el fin de controlar la temperatura por debajo de los 2 y 1,5°C (ONU, 2015) y contribuir al logro de un desarrollo verdaderamente sostenible e inclusivo, en la perspectiva de lo establecido en la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible.

Sin embargo, en términos políticos y administrativos, Chile es un país altamente centralizado (OCDE, 2017) y el papel e integración de los niveles subnacionales, así como también de la ciudadanía, ha sido recurrentemente señalado como una de sus debilidades relevantes y como un factor que afecta las posibilidades de cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los instrumentos de carácter nacional (Adapt-Chile, 2014, 2015; Aldunce & Vicuña, 2019; AMUCH, 2018; Farfán, 2020; Flores, P. et al., 2019; Madariaga, 2020).

Considerando estas debilidades, la política climática nacional ha hecho esfuerzos importantes en el último tiempo para integrar a actores subnacionales (niveles regionales y municipales) y de la sociedad civil en su diseño. Prueba de ello son los procesos de consulta, diálogo y participación ciudadana, efectuados en el marco de la formulación del proyecto de Ley Marco de Cambio Climático o de diversos planes de acción o adaptación sectoriales (turismo, ciudades, p. e.), así como en el proceso de elaboración de su Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), Estrategia de Acción para el Empoderamiento Climático (ACE) y la Hoja de Ruta Nacional a la Economía Circular para un Chile sin Basura.

El progresivo interés por integrar la visión y capacidades de los gobiernos locales en la política climática nacional llevó el 2019 a que, dentro de las actividades preparatorias para el desarrollo de la COP25, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), las Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la Asociación de Municipalidades para la Sustentabilidad Ambiental (AMUSA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile (PNUD), iniciaran un proceso de diálogos regionales sobre acción climática en el país, con la expectativa de identificar brechas, desafíos, fortalezas y oportunidades, que permitieran sentar las bases para una acción climática multinivel en Chile. El proceso iniciado en 2019 se vio alterado por los acontecimientos políticos de finales de 2019 y luego por las restricciones y urgencias sanitarias derivadas de la pandemia ocasionada por COVID-19.

A pesar de las dificultades mencionadas, el interés y voluntad de las instituciones promotoras y de los actores regionales y municipales permitió continuar en 2020 con los diálogos iniciados en 2019; esta vez, en el marco de la formulación de la Estrategia Climática de Largo Plazo y haciendo uso de medios telemáticos para la reflexión regional. En conjunto, este proceso significó la ejecución de talleres sobre acción climática (nacional y subnacional) en todas las regiones del país. Participaron cerca de 1.000 personas, pertenecientes a múltiples servicios públicos de escala regional, municipios, universidades, ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil, con cerca de un 55% de participantes mujeres.

De forma simultánea, el PNUD hizo una amplia revisión de los estudios y trabajos previos realizados en el país sobre dichas materias, junto con una serie de análisis institucionales y consultas a expertos y expertas. Esto permitió configurar un panorama pormenorizado del estado y tendencias de la acción climática multinivel en Chile, así como un mapa general de propuestas para su fortalecimiento en el futuro cercano.

En conjunto, los resultados del proceso de diálogos iniciado en 2019, así como el de investigación complementaria, constituyen la base de las recomendaciones que se han considerado relevantes para el establecimiento/fortalecimiento de una gobernanza y acción climática multinivel en Chile; los cuales son expuestos en los capítulos sucesivos de este documento.

Para avanzar y consolidar un modelo de gobernanza climática multinivel eficaz, el país debe enfrentar importantes brechas. La principales, de forma general y agregada, se relacionan con un marco de legislación insuficiente, fragmentado y desactualizado; un marco de política centralizado, con escaza integración de los niveles locales; así como ausencia de competencias explícitas en materia climática a nivel municipal, escasa incorporación del cambio climático en la planificación comunal, debilidad de los equipos profesionales municipales, falta de recursos financieros para abordar los desafíos de mitigación y adaptación en la escala local, acción climática local altamente dependiente del interés y liderazgo de las autoridades locales, bajos niveles de educación ambiental y climática de la ciudadanía, y ausencia de la perspectiva de género en la acción climática.